El arroz no es solo el alimento más consumido en Ecuador. Es la columna vertebral de miles de familias campesinas en la Costa, el motor económico de provincias como Guayas y Los Ríos, y el ingrediente que une a la mesa ecuatoriana desde el desayuno hasta la cena. Por eso, cuando el sector arrocero entra en crisis, no es solo un problema de cifras: es una herida que afecta a toda la cadena alimentaria del país.
En febrero de 2026, decenas de productores de los cantones Santa Lucía y Daule salieron a manifestarse con un mensaje claro: el precio mínimo de sustentación del arroz no se está respetando, y la situación ya llegó a un punto de quiebre.
¿Qué dice la ley y qué pasa en la realidad?
El Gobierno nacional fija un precio mínimo de sustentación para proteger al agricultor: 34 dólares por saca de 220 libras de arroz grano corto, y 36 dólares para el grano largo. Ese precio fue calculado para cubrir los costos reales de producción —semillas, fertilizantes, mano de obra, maquinaria— y garantizar que el productor pueda, al menos, sobrevivir la cosecha.
La realidad del campo, sin embargo, es otra. Los agricultores denuncian que actualmente están recibiendo entre 20 y 25 dólares por saca: menos del 70% de lo que corresponde por ley. Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Producción Agrícola de Ciclo Corto (Asopracort), estima que las pérdidas acumuladas del sector bordean los 100 millones de dólares, afectando principalmente a los pequeños productores que no tienen margen para absorber ese golpe.
Las raíces del problema: más allá del intermediario
Cuando hay una distorsión de precios tan grande, la primera reacción es señalar al intermediario. Pero en este caso, la cadena funciona diferente. Jorge Suárez, vocero del Frente de Organizaciones Sociales Agrícolas de Santa Lucía y Palestina, es claro: las grandes cadenas de supermercados negocian directamente con las piladoras, eliminando al intermediario de la ecuación. El problema, entonces, no está en el medio: está en los dos extremos.
El primer factor es el excedente de arroz sin salida. Ecuador exporta históricamente alrededor de 80.000 toneladas anuales al mercado colombiano. En el último año, ese flujo se redujo a apenas 20.000 toneladas, dejando cerca de 60.000 toneladas represadas en bodegas y silos del país. Las tensiones diplomáticas con Colombia y la caída de la demanda han bloqueado el principal canal de exportación, y ese stock acumulado presiona los precios hacia abajo.
El segundo factor, quizás más estructural, es la falta de control sobre el precio del arroz pilado en el mercado interno. Mientras los productores reciben menos de 25 dólares por saca, la libra de arroz en supermercados se vende entre 60 centavos y hasta un dólar. Hay una brecha enorme entre lo que se paga en el campo y lo que el consumidor final desembolsa en la percha, y esa brecha no está beneficiando al agricultor.
«Si se fijara un precio del arroz pilado, el sector industrial estaría en capacidad de pagar el precio mínimo de sustentación al agricultor», argumenta Suárez. La demanda de los productores no es, entonces, que alguien pierda. Es que la cadena entera opere con reglas claras y justas.
La ausencia del Estado como política estructural
Los agricultores también denuncian algo que va más allá de la coyuntura: Ecuador no cuenta con una reserva estatal de arroz. Durante la pandemia de COVID-19, esta ausencia se hizo dolorosamente evidente. Sin centros de acopio estatales activos en zonas clave como Daule y Babahoyo, el país queda expuesto a cualquier shock de oferta o demanda, sin capacidad de respuesta.
La propuesta de los productores no es nueva ni compleja: reactivar esos centros de acopio, crear reservas estratégicas de alimentos y establecer políticas de precios que proteja a toda la cadena. Medidas que existen en los países que han logrado estabilizar sus mercados agrícolas.
¿Qué está en juego para todos?
Desde Industrias Dajahu, comprendemos que la sostenibilidad del sector arrocero ecuatoriano es la base de todo lo que hacemos. Rico Arroz llega a la mesa de miles de familias ecuatorianas gracias al trabajo de productores que cultivan con esfuerzo, temporada tras temporada. Una cadena que no reconoce el valor del agricultor es una cadena que se rompe.
La crisis de precios que vive el campo hoy no es solo el problema del productor. Es el problema de toda la industria, del consumidor y del país. Ecuador tiene el talento agrícola, la tierra fértil y la tecnología para ser un referente regional en producción arrocera. Lo que falta es una política de Estado que alinee los incentivos de toda la cadena y garantice que cultivar arroz en Ecuador valga la pena.
El campo no puede seguir esperando. Y nosotros tampoco.
